Ahora resulta que La Nacion descubrió las mentiras del Gobierno de Óscar Arias, en una intento por “liderar el amarillismo periodístico”. Parece que don Eduardo Carrillo Vargas Ph.D. equivocó conceptos en su carta pública al diario La Nación. Más que una carta, es una defensa a ultranza de la Administración Arias, aunque el señor Carrillo diga lo contrario. Similar al discurso de los Presidentes, la carta obvia el fondo del asunto. No discute el hecho: Óscar Arias mintió. Punto. Él mismo lo dijo. Aunque lo descartó por ser una “única mentira”. Otro que confundió conceptos, mentir es mentir. A pesar de todo rodean las preguntas con demagogia. En lugar de discutir el fondo, se defienden y justifican su accionar como un ratón pillado con el queso.
Don Eduardo denuncia un tratamiento hostil hacia el Gobierno. Debería recordar que los políticos y funcionarios públicos deben estar más abiertos a la crítica. Lo dice nuestra Sala Cuarta y la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por sus funciones deben soportar la constante vigilancia de parte de la prensa y el pueblo. No fue la “hostilidad” quien hizo renunciar al magistrado Sosto y al embajador Burgués, fueron sus actos, que coquetean con la ilegalidad. Y mal hacen los oficialistas en defenderlos de la crítica.
Si el supuesto linchamiento de los funcionarios pone en entredicho su honor, pueden plantear la denuncia ante la Sala Constitucional. Fue ese mismo Tribunal quien obligó al Gobierno a informar sobre las negociaciones con China, a descubrir la ilegal manta de secreto puesta sobre fondos públicos. Un secreto exigido por el gigante asiático, al cual nuestras autoridades accedieron pasivamente.
Los cancilleres Bruno Stagno y el chino Yang Jiechi firmaron un “memorando de entendimiento” en junio del 2007, acordando la plata a cambio del silencio y la mentira. La intervención de la Sala Cuarta es clara. El derecho a la información prima. No debe haber un secreto bancario con respecto a fondos públicos, y es ilegal esconder los datos al pueblo costarricense, más aún por tanto tiempo. A pesar del destape, el Ministerio de Hacienda se rehúsa a dar cierta información. ¿Dónde está el respeto a la institucionalidad en eso don Eduardo?
A pesar de la alarma proveniente del servicio secreto taiwanés, Arias y Stagno la descartaron como “especulaciones”. Para un año después reconocer que Taipéi “nos pilló que era cierto que íbamos a romper con Taiwán”. Don Eduardo, eso es mentir. No hay tal “desproporción” entre las declaraciones, y la acusación que hace La Nación. Este diario mantuvo una clara línea de apoyo al proyecto de los Arias, su propio editor de opinión lo dice. Acusar al medio, a estas alturas del partido, de amarillismo por exigirle verdad a su Presidente, eso es lo desproporcionado. La actual administración ha tenido mucho apoyo popular y empresarial, y ahora resulta que está cansado de la crítica. Parece ilógico con apenas dos años de mandato, cuando la crítica no debería cansarlo.
Dice don Eduardo que no defiende al Gobierno, si no el “derecho de mantenernos inocentes hasta que nuestra institucionalidad decida otra cosa”. Y ¿quién vela por que nuestros Gobernantes no mientan, escondan, y adopten el secreto de otra nación? El Gobierno aceptó una condición de la China. Siendo distinta a nuestra cultura y ley. En lugar de pararse ante el gigante, los Arias aceptaron una imposición antinatural. Incluso la Vicepresidenta Chinchilla afirmó que ahora “nada quedará fuera de la prensa”. Es decir, antes si. ¡Que rarezas!
